Tras más de treinta años sin revisiones, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo protocolo de protección del sistema eléctrico español, impulsado por el reciente apagón masivo del 28 de abril. La medida, liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca adaptar la red a la nueva realidad energética marcada por la irrupción masiva de fuentes renovables.
La vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen, junto con la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, encabezaron el pasado 3 de mayo una reunión clave en la sede de REE para analizar la crisis. Apenas un mes después, el Ministerio ha sacado a audiencia e información pública la Resolución que establece los nuevos Procedimientos de Operación (P.O. 11.1), que incluyen criterios para la red peninsular y los territorios no peninsulares.
Según reveló El Periódico de la Energía el pasado 4 de mayo, REE había solicitado este cambio ya en mayo de 2024, alertando sobre la necesidad de revisar los criterios de protección del sistema para adaptarse a los avances tecnológicos y al nuevo mix energético. Sin embargo, el documento quedó en el limbo burocrático hasta enero de este año, cuando el Ministerio finalmente lo recibió.
La iniciativa gubernamental responde a una realidad en transformación. La generación eléctrica ha pasado de depender de plantas térmicas tradicionales (síncronas) como las nucleares e hidroeléctricas, a una red más descentralizada, donde la energía renovable se produce de forma distribuida y se conecta a niveles de tensión más bajos. Esto modifica la criticidad de nudos en la red y exige sistemas de protección más exigentes.
El nuevo texto técnico, de más de 70 páginas, hace hincapié en reforzar el papel de los generadores síncronos y la necesidad de sistemas de protección redundantes. De hecho, el informe ministerial sobre el 28A reconoce que el fallo se debió en parte a la escasez de centrales síncronas operativas ese día, lo que redujo la capacidad de respaldo del sistema.
Entre las medidas ya aprobadas figuran la instalación de ocho compensadores síncronos y nuevos equipos de protección que permitirán una mejor respuesta ante futuros incidentes. Con la actualización del protocolo y la eliminación de procedimientos desfasados, el Gobierno espera blindar la red ante nuevos apagones.
La reacción ha sido interpretada como una respuesta urgente pero tardía, que llega tras una advertencia previa de REE y una crisis que pudo haberse mitigado. A partir de ahora, la vigilancia sobre la implementación y eficacia de estas nuevas normas será clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico español.
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